Volvieron los escraches a genocidas

DDHH 14 de noviembre de 2017 Por
"Si no hay justicia, hay escrache", afirma HIJOS entre sus consignas y lo llevó adelante en el country donde Luis Patti cumple su condena por delitos de lesa humanidad. Por Pablo Roesler para Tiempo Argentino
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Fracasado el proyecto de amnistía con la aplicación de la ley del 2x1 a los genocidas, la justicia decidió profundizar el camino que venía transitando enviando a los condenados por crímenes de lesa humanidad a sus casas con prisión domiciliaria. La tendencia a aplicar ese beneficio a los represores de la dictadura cívico militar viene en aumento. Y la respuesta, como en los ‘90, volvió a ser el escrache: el miércoles HIJOS Escobar, Zárate y Campana señalaron con una movilización popular al dos veces condenado a perpetua, Luis Abelardo Patti, que fue enviado a su casa del country septiembre.

"El problema de las prisiones domiciliarias se agudizó", explicó la abogada de H.I.J.O.S Rosario, Nadia Schujman, querellante en la causa por los asesinatos de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi por la que fue condenado el ex comisario. "Hay un incremento y hay incluso casos de prisiones domiciliarias provisorias que se vuelven definitivas. La de Patti fue la que tuvo más impacto pero hay casi todos los meses", agregó.

Las domiciliaria es la política oficial de hecho solo explicitada por Elisa Carrió en el Congreso en mayo, tras la fallida aplicación del 2X1, y que reiteró el mes pasado. Esa prédica pro genocidas tiene consecuencias: según el informe del 31 de octubre pasado de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad que dirige el fiscal Jorge Auat, de los 1064 detenidos por crímenes de lesa humanidad, 533 están en prisión domiciliaria y 449 en cárceles federales. Más de la mitad de los represores están en su casa. Además hay 1279 imputados libres y otros 38 están prófugos.

En marzo pasado los detenidos eran 1044 de los que 518 tenían domiciliaria. Es decir, se elevó en 15, pero eso bastó para que los represores enviados a sus casas sean más de la mitad de los detenidos.

El 2 de marzo de 2017 había 1149 los imputados libres, 130 menos que en la actualidad. En septiembre del año pasado, la Procuraduría de Lesa advirtió que entre marzo de 2015 y agosto de 2016 se registró "una tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario". En ese lapso el número creció de 384 a 489. Un año después, la cantidad de genocidas con domiciliaria son un 28% más. Dos tercios de ese incremento se produjeron desde el cambios de gobierno.

En abril, la Mesa de Discusión Institucional de la Procuraduría de Lesa en la que participaron abogados y fiscales de todo el país, advirtió el incremento de las domiciliarias como un problema junto con la demora en los juicios y la consiguiente muerte impune de los genocidas.

En el camino, la Cámara de Casación Federal incorporó nuevos problemas: anuló la condena a Marco Lavín, el primer empresario cómplice de la dictadura condenado; el mes pasado absolvió al represor condenado en Jujuy, Horacio Domingo Marengo y anuló la condena de otros nueve integrantes del SPF, y el viernes anuló el procesamiento con preventiva para el ya condenado Jaime Smart, abogado y ministro bonaerense en la dictadura.

Como consecuencia al blindaje judicial a los represores volvieron los escraches. El miércoles en Escobar, H.I.J.O.S junto a organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos marcharon hasta la puerta de Septiembre Country Club, donde el represor vive con su esposa y su hija, y señalizaron el lugar “para alertar a los vecinos, para que tomen conciencia de con quién viven”, explicaron.

"Como en los años de impunidad, desde HIJOS volvemos a pedir cárcel común para los represores”, resumió Paola Garello, de esa agrupación. Como en los ‘90, con las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, volvió a tener sentido la consigna de que si el Estado no los juzga, la sociedad los condena.

Patti, de 64 años, condenado a perpetua en dos causas, fue excarcelado el 26 de septiembre con un fallo que no tuvo en cuenta al Cuerpo Médico Forense ni a los peritos de parte. El fiscal de la causa, Adolfo Villate, dijo que el represor simula como lo hizo desde el inicio. 

Schujman confirmó que la decisión del juez Paulucci fue irregular y advirtió que el fallo responde al clima de época: “este mismo juez en otra coyuntura política no hubiera hecho esto de esta manera”.

Nota original:

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